elportonazo

Ensayo sobre la ilegítima defensa y el discurso antidelincuencia

Por Nicolás Del Fierro   |  Gráfica: Anna Pistacchio

Cada vez toma más fuerza en nuestra población la idea de que la delincuencia se encuentra absolutamente desatada y que las instituciones llamadas a hacer algo no hacen “nada”. Esta concepción ha sido alimentada por la prensa y particularmente por la televisión, es cosa de poner el noticiero de algún canal nacional para darse cuenta. Esto ha llevado a que exista una demonización de la delincuencia que genera que las personas crean que se encuentra justificado hacer justicia por manos propias, pasando por encima del Estado de Derecho. Ejemplos de esto pueden verse en los casos de exceso de violencia en las detenciones ciudadanas, y con mayor claridad en el caso ocurrido hace unas semanas atrás, donde dos sujetos (padre e hijo) persiguieron a quien les robó el auto y lo mataron.

Por supuesto, el derecho a defenderse de un comportamiento prohibido por el derecho (de un portonazo, por ejemplo) es inherente a un Estado democrático y esta institución puede rastrearse hasta mucho antes de la concepción moderna de Estado –ya Kant y Hegel lo tematizaban como una institución trascendental–. La legítima defensa es una excepción a las reglas generales del Derecho Penal que permite, mediando ciertas circunstancias, que uno pueda en los hechos matar a otro y no tener sanción penal. Sin embargo, y por la misma calidad de excepción a la regla general, la legítima defensa tiene requisitos estrictos y definidos (art. 10 nº4 del Código penal), que hacen posible una defensa necesaria frente a ataques de terceros, pero cuidando siempre que tal defensa no se convierta en una justificación para la venganza o el ataque.

Los requisitos son que exista una agresión ilegítima (que sea actual o inminente), que exista necesidad racional del medio empleado para impedir dicha agresión o repelerla, y por último, que no exista provocación por parte del que se defiende. La razón por la cual uno en ciertas circunstancias puede matar al agresor que está intentando robarnos y no tener responsabilidad penal por ese hecho es precisamente porque la legítima defensa no exige proporcionalidad. Sólo exige que uno repela o impida el ataque de la manera menos lesiva dentro de las posibilidades actuales que tiene la víctima de defenderse. Esto quiere decir que, pudiendo defenderse de un delito de dos o más maneras, debe elegirse siempre la menos lesiva.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia en la cual ambos quedaron con prisión preventiva la situación no parece ser, en ningún caso, una subsumible en la hipótesis de legítima defensa. Juan Jorquera sustrajo el automóvil de Aravena, escapó con él, fue perseguido por las víctimas del portonazo y cuando le dieron alcance, Jorquera se bajó del auto y se escapó. Este momento es importante porque podemos entender que una vez que el sujeto se bajó del auto ya no hay “actualidad” de la agresión. Ahora bien, existen otras reglas que permiten a toda persona retener a un sujeto que acaba de cometer un delito. Pero  padre e hijo no se limitaron a detener a Jorquera hasta que llegaran carabineros, sino que lo golpearon hasta matarlo, como da cuenta el parte médico. Esto, como se ve, no es legítima defensa. No se cumplen los requisitos. Hay una completa separación de los dos momentos. En primer lugar el intento de robo o hurto y luego, a 1,67 kilómetros de la casa en donde se encontraba el auto, el homicidio de Jorquera.

Un testigo señaló que llamaron a carabineros cuando Jorquera ya no se movía. Eso es propiamente un ataque. Ataque y homicidio que no se pueden justificar en razón de una “defensa propia” ni en razón de una impotencia por la impunidad general ni de una sensación de inseguridad. En un Estado de Derecho ser víctima de un robo no te permite perseguir y matar al ladrón a golpes y pretender que tal cosa es una mera defensa.

Estos argumentos parecen ser profundamente opacos para varios sectores de nuestra sociedad. Las redes sociales y grupos políticos se alzaron con indignación y desconocimiento en contra de la “justicia” y del sistema. Y es que el discurso de la sensación de inseguridad, de la impunidad, del gran aumento del delito y de la idea de que el gobierno o los jueces quieren favorecer al “delincuente” ha creado un ambiente y una lógica totalizante que parece capaz de justificar en el discurso hasta el más cruento de los homicidios. El caso de los Aravena es útil para mostrar cómo el problema no son realmente ellos, sino que ellos son sólo una consecuencia: si la prensa, los medios, los políticos y ciertas instituciones lo único que hacen es fomentar un discurso criminalizador y deshumanizante, apelando a las emociones más que realmente a datos concretos, dando información parcial o descontextualizada, se genera un miedo sistemático en la población, que realmente piensa que el delito ha aumentado en cantidades abismales o que hemos vuelto a un estado de naturaleza. Por lo mismo se habla de la “sensación” de inseguridad, y no de algún dato más duro que constate efectivamente el aumento delictual.

La moda de la detención ciudadana y la humillación pública

La moda de la detención ciudadana y la humillación pública

“El aprovechamiento de la desinformación de la gente respecto del derecho, del sistema procesal penal, de los antecedentes, del contexto, es precisamente lo que hacen los medios, vendiendo “noticias” que lo único que hacen es dejar al televidente con ganas de cercar su casa, comprar una motosierra, y querer matar al que ose entrar a su inmueble”.

El comportamiento chileno frente a estos hechos –no sólo el de Jorquera– ha sido bastante fascista y despierta todo tipo de cuestionamientos contra las instituciones, siendo que la realidad tangible es otra. No se trata aquí de defender el funcionamiento de estas instituciones, sino de notar que el problema es realmente otro. Existe un espíritu de hacer justicia por las propias manos y de “saltarse” el Estado de Derecho. Se dice que los jueces dejan libres a los delincuentes. La verdad es que las estadísticas demuestran que los jueces de garantía concedieron la prisión preventiva en el 87% de las veces que el Ministerio Público solicitó tal medida[1]. Se dice que ha aumentado la delincuencia de forma masiva. En el periodo de enero a abril de 2016 hubo un aumento del 0,2% de las causas-imputado ingresadas a la Defensoría Penal Pública (que representa a la mayoría de los imputados por un delito) respecto al ingreso de causas en el mismo periodo el año 2015[2]. Las estadísticas siguen, pero para no aburrir: existe una seria inflación de la prensa y manejo de los medios respecto a mostrar a este país como derrotado e inútil frente a la delincuencia, haciendo creer a la gente que nunca habíamos estado tan mal. Discurso que hace mella, y miren de qué manera: dos sujetos trabajadores (los Aravena), sin antecedentes penales, deciden, de una u otra manera, hacer lo que hicieron con Jorquera.

Y luego el Senador Alberto Espina va y twittea “La reacción de víctimas del portonazo en San Bernardo es resultado d la impotencia x la impunidad d los robos: 93% se archivan sin resultado”. Más allá de lo reprochable que es que un Senador se aproveche de un homicidio para justificar su agenda penal propia, lo cierto es que el Senador podría tener razón. Podemos estar de acuerdo con que el caso de San Bernardo es resultado de la impotencia. Lo crucial es comprender que esa impotencia fue precisamente causada por el tipo de discurso o ideología que sostienen personas como el Senador Espina. El aprovechamiento de la desinformación de la gente respecto del derecho, del sistema procesal penal, de los antecedentes, del contexto, es precisamente lo que hacen los medios, vendiendo “noticias” que lo único que hacen es dejar al televidente con ganas de cercar su casa, comprar una motosierra, y querer matar al que ose entrar a su inmueble. Es ese el discurso, es esa la forma de ver el mundo que configura la brutal segregación en la cual vivimos y que hace que personas como los Aravena hagan lo que hicieron.

Tal discurso lo que crea en definitiva es validar la pena de muerte privada. En efecto, si factores como la sensación de impunidad, de inseguridad, y el aumento de portonazos deben ser ponderados a la hora de decidir si en un caso concreto debemos matar al sujeto que nos está robando, por supuesto que vamos a pensar que se encuentra justificada tal muerte. Ninguna estadística puede justificar que una persona mate a otra de tal o de ninguna manera. El caso demuestra que estamos insertos en una lógica deshumanizadora del otro (porque el delincuente no es persona) que pretende encerrarlo, excluirlo (y hasta matarlo). No por nada existe una correlación importantísima entre pobreza y delincuencia. No por nada la mayoría de los delitos ocurre en zonas de clase media o inferiores (y no en la zona oriente, como muchos al parecer creen), y no por nada tenemos este populismo penal en los delitos contra la propiedad, pero en cambio tenemos una pasividad casi absoluta frente a los delitos económicos, los que típicamente se realizan por sujetos con mayor poder adquisitivo.

“La solución no es encerrar al otro, excluirlo, quitarle derecho a voto, hacinarlo en una cárcel y secarlo ahí dentro. Chile es uno de los países con mayor población penal de Latinoamérica y hasta ahora no ha servido de nada. ¿Cómo se explica que el país que más encarcela sea a su vez el más “inseguro”, “impune”, y tanto otro etcétera?”

Por supuesto, esta justificación del homicidio sólo se puede sostener públicamente contra “delincuentes”. Hablamos de delincuentes como si fueran una casta, una raza distinta, que piensa o siente distinto. Por allá por 1860 un médico y criminólogo italiano, llamado Cesare Lombroso, sostenía que los delincuentes nacían, que el delito era parte inherente de su ser, de su código genético, y que cuestiones como el tamaño de su cráneo, mandíbula o de ciertos rasgos físicos eran constitutivos o un rasgo característico de que el sujeto en cuestión iba a delinquir. Estas posturas han sido superadas en las ciencias, pero al parecer mucho de eso queda. Los “delincuentes” no son una casta que nació ahí y va a morir delinquiendo. Son personas, chilenos o extranjeros, como usted y como yo, que tienen los mismos derechos y la misma dignidad que cualquiera, y que merecen un debido proceso. ¿Acaso usted no cree que cuando lo acusen de un delito se le debe garantizar un proceso justo, en el cual pueda defenderse? ¿Por qué entonces se espera tal trato para sí pero para “el delincuente” no? Cortéla. El sistema no puede presumir culpabilidad o autoría de los delitos por el hecho de ser pobre, moreno, vestirse de determinada manera o haber delinquido con anterioridad. El sistema no debiera permitir que los jueces fallen conforme a lo que la prensa quiere, a costa de ser imparciales, para no recibir críticas después. La cuestión es que esto sucede,  gracias al discurso deshumanizador y alienante que ha dominado la discusión (y el congreso) y va tomando fuerza cada vez más.

La solución no es encerrar al otro, excluirlo, quitarle derecho a voto, hacinarlo en una cárcel y secarlo ahí dentro. Chile es uno de los países con mayor población penal de Latinoamérica y hasta ahora no ha servido de nada. ¿Cómo se explica que el país que más encarcela sea a su vez el más “inseguro”, “impune”, y tanto otro etcétera?

Las razones por las cuales existe y subsiste el problema y sobre todo el discurso aquí mostrado son claras y ya Michel Foucault las había evidenciado en 1976, en Las redes del poder:

“¿Por qué las prisiones permanecieron, a pesar de esa contraproductividad? Yo diré que precisamente porque de hecho producían delincuentes y la delincuencia tiene cierta utilidad económico-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: 1) cuanto más delincuentes existan más crímenes existirán, cuanto más crímenes haya más miedo tendrá la población y cuanto más miedo haya en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese pequeño peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica porque en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la criminalidad como si se tratase de una novedad de cada día”.

 

[1] http://www.biobiochile.cl/noticias/2013/11/12/poder-judicial-exhibe-estadistica-que-desmiente-tesis-de-la-puerta-giratoria.shtml

[2] Informe estadístico 2016 de la Defensoría Penal Pública. Lámina 28. http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/74b093147e5ad2910b47b4d688861195.pdf